El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles se ha convertido en una herramienta clave para el Gobierno mexicano en los últimos años, especialmente cuando los precios internacionales del petróleo amenazan con dispararse. Este gravamen, que funciona como un amortiguador económico, permite ajustar los costos al consumidor final, ya sea reduciendo su impacto o incluso subsidiándolo en momentos críticos. La estrategia ha sido clara: evitar que las fluctuaciones del mercado global se traduzcan en alzas abruptas en las gasolineras del país.
En este contexto, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que evaluará la posibilidad de reactivar este mecanismo para contener cualquier incremento en el precio de la gasolina. Durante una intervención reciente, Sheinbaum confirmó que este lunes sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para analizar la situación. “Si es necesario, haremos uso de este instrumento de protección”, declaró, subrayando su compromiso de mantener la estabilidad en los precios de los combustibles, un tema sensible para millones de mexicanos.
El IEPS no es un impuesto fijo, sino que su tasa varía según las condiciones del mercado. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, el Gobierno puede disminuir o incluso eliminar temporalmente este gravamen para evitar que el costo de la gasolina se dispare. Esta medida, implementada en administraciones anteriores, ha demostrado ser efectiva para mitigar el impacto en la economía familiar, especialmente en un país donde el transporte público y privado depende en gran medida de los combustibles fósiles.
Sin embargo, el uso de este mecanismo también tiene implicaciones fiscales. Al reducir o subsidiar el IEPS, el Gobierno deja de percibir ingresos que, en condiciones normales, contribuirían al presupuesto federal. Esto ha generado debates sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente en un contexto donde las finanzas públicas ya enfrentan presiones por otros frentes, como el gasto social y la inversión en infraestructura.
A pesar de estas consideraciones, la promesa de Sheinbaum refleja una continuidad en la política de protección al consumidor. La futura mandataria ha dejado en claro que, ante un escenario de volatilidad en los precios del petróleo, no dudará en activar este recurso para evitar que los mexicanos paguen más en las bombas de gasolina. La reunión con Hacienda será clave para definir si las condiciones actuales justifican una intervención inmediata o si, por el contrario, se mantendrá el statu quo.
Lo cierto es que, para muchos ciudadanos, la estabilidad en los precios de los combustibles es una prioridad. Con un impacto directo en el costo de vida, cualquier alza en la gasolina puede desencadenar un efecto dominó en productos y servicios, desde el transporte de mercancías hasta el precio de los alimentos. Por ello, la decisión que tome el próximo Gobierno en los próximos días será observada con atención, no solo por los consumidores, sino también por los actores económicos que dependen de un mercado energético predecible.
Mientras tanto, el mundo sigue atento a los movimientos en los mercados internacionales del petróleo, donde factores como conflictos geopolíticos, decisiones de la OPEP y la demanda global pueden alterar los precios en cuestión de días. En México, la capacidad de respuesta del Gobierno será puesta a prueba una vez más, y el IEPS podría convertirse, una vez más, en el salvavidas que evite que la economía familiar se vea afectada por las turbulencias externas.
